Alemania, Italia, Austria, Polonia, Portugal y España han enviado una carta conjunta a la Presidencia irlandesa de la UE para incluir un impuesto sobre los beneficios extraordinarios en la agenda de la reunión de ministros de finanzas prevista para el próximo mes en Dublín.
Los cuantiosos beneficios de las principales petroleras, impulsados por las tensiones militares en Oriente Medio, han llevado a seis Estados miembros a solicitar una respuesta europea coordinada. Los ministros de Finanzas de Alemania, Italia, Austria, Polonia y Portugal, junto con el ministro de Economía español, firmaron una carta conjunta dirigida a su homólogo irlandés, cuyo país ostenta actualmente la presidencia de la Unión Europea.
El texto, del que AFP tuvo acceso a una versión preliminar, aborda directamente la situación de las petroleras: «Las petroleras se benefician de una rentabilidad y unos márgenes en los productos refinados que superan el aumento de los precios del crudo». Los firmantes describen «una de las mayores crisis de suministro en décadas» y un creciente «descontento» con el aumento del coste de la vida.
Los beneficios de las grandes compañías energéticas se han disparado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones militares contra Irán en febrero, lo que ha perturbado gravemente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Esta ruta de tránsito estratégica transporta una parte significativa de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.
La carta solicita un debate sobre «un marco europeo para gravar los beneficios extraordinarios» e invita a la UE a inspirarse en el gravamen temporal implementado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, reiteró que las compañías energéticas no deberían «aprovecharse de los consumidores en la actual crisis». Una fuente de su ministerio aclaró que «los beneficios excesivos obtenidos durante la crisis deben devolverse a los consumidores».
La UE aún no ha manifestado su intención de introducir un nuevo impuesto. Según algunas fuentes, la carta aún no está finalizada y la información que circula en los medios se refiere a una versión provisional. Las diferencias políticas complican aún más el proceso: en Alemania, mientras que el SPD de Lars Klingbeil apoya la medida, la CDU del canciller Friedrich Merz se opone.
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