La fiscalía finalmente se ha puesto del lado de Marlène Mourier, alcaldesa de Bourg-lès-Valence, quien se negó a oficiar la boda de una mujer francesa con un ciudadano tunecino indocumentado. En una carta fechada el 3 de agosto, la fiscalía consideró que las dudas sobre la legitimidad de la unión eran lo suficientemente serias como para justificar su oposición.
Los servicios municipales detectaron varias irregularidades en los planes de la pareja. El futuro novio, a quien inicialmente se le atribuyó estatus legal debido a un error de identidad, admitió durante una entrevista que quería casarse "para obtener los papeles necesarios". El alcalde informó de estos hallazgos a la fiscalía de Valence en noviembre de 2024, al considerar que sugerían un posible matrimonio simulado.
Una batalla que comenzó en el otoño de 2024.
Marlène Mourier mantuvo su negativa a pesar de una sentencia judicial inicial que la obligaba a oficiar la boda. Afirma que quería proteger a la futura novia, una mujer francesa de 49 años, madre de seis hijos, que vive en un albergue y a quien considera vulnerable. La funcionaria electa señala que los alcaldes, en su calidad de registradores civiles, están obligados a denunciar ante la fiscalía cualquier plan matrimonial cuya sinceridad parezca cuestionable.
El caso surge en el marco de un debate político más amplio sobre el matrimonio de inmigrantes indocumentados. Actualmente, esta condición administrativa por sí sola no es suficiente para prohibir la unión, ya que el derecho a contraer matrimonio está protegido, pero la fiscalía puede oponerse cuando existen pruebas de fraude o falta de intención de contraer matrimonio. Marlène Mourier reclama un cambio en la legislación, mientras que Robert Ménard será juzgado en septiembre por negarse a oficiar la boda, prevista para 2023, de una mujer francesa con un ciudadano argelino sujeto a una orden de deportación.
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