Venezuela se retira de la CPI, acusando a la Corte de atacar al Sur Global.

Caracas notificó el viernes a las Naciones Unidas su retirada del Estatuto de Roma, denunciando una institución que considera parcial en contra de África y América Latina. La CPI reiteró que Venezuela sigue obligada a cooperar con ella durante un año más.

Venezuela se retiró oficialmente de la Corte Penal Internacional (CPI) el viernes 25 de julio, mediante una notificación enviada al Secretario General de la ONU, António Guterres. El gobierno calificó su decisión de retirarse del Estatuto de Roma como "firme e irrevocable".

El canciller Félix Plasencia anunció la noticia en la red social X. Acusó a la CPI de atacar principalmente a países africanos y latinoamericanos, denunciando lo que calificó de "guerra jurídica" contra el pueblo venezolano. La presidenta interina Delcy Rodríguez se hizo eco de este sentimiento horas después durante una ceremonia militar transmitida por la televisión pública, refiriéndose a un caso de cargos presentados contra países del "Sur Global".

La Haya reaccionó con moderación. La CPI lamentó la decisión, si bien señaló que no tiene efecto inmediato. El artículo 127 del Estatuto de Roma estipula un plazo de un año a partir de la fecha de recepción oficial de la notificación por la Oficina de Tratados de la ONU, notificación que la Corte indicó no haber recibido aún. Durante este período, Caracas sigue siendo Estado Parte y está obligada a cooperar con las investigaciones y los procedimientos en curso, incluido el relativo a los presuntos crímenes de lesa humanidad, que actualmente lleva a cabo un equipo de la Fiscalía.

Esta ruptura se venía gestando desde hacía varios meses. En diciembre, la Asamblea Nacional venezolana, dominada por los chavistas, aprobó por unanimidad una ley destinada a poner fin a la adhesión del país al Estatuto de Roma. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, denunció la supuesta ineficacia de la Corte y su alineación con intereses extranjeros. Esta ley se aprobó pocos días después de que la Fiscalía cerrara su oficina en Caracas, alegando la falta de avances significativos en la aplicación del principio de complementariedad.

Venezuela firmó el Estatuto de Roma en 1998 y lo ratificó en 2000. Desde entonces, sus relaciones con la Corte han experimentado diversos cambios, desde la apertura de una oficina de la CPI en Caracas en 2022 hasta el rechazo por parte de la Corte de las denuncias presentadas por Caracas contra las sanciones estadounidenses. Salvo imprevistos, esta cooperación finalizará oficialmente en un año.