El gobierno francés quiere condicionar parte de su ayuda pública al desarrollo a la cooperación de los países de origen en la lucha contra la inmigración ilegal a Mayotte. Durante una visita a Dzaoudzi, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció la creación de un sistema de incentivos y penalizaciones dirigido, en particular, a Comoras, Burundi, Tanzania, la República Democrática del Congo, Ruanda, Somalia y Kenia.
Se examinarán diversos criterios, entre ellos la lucha contra las redes de contrabando, la expedición de salvoconductos consulares y el retorno de los migrantes indocumentados. Sin embargo, la ayuda humanitaria destinada directamente a las poblaciones afectadas no estará sujeta a este mecanismo. En 2024, la asistencia oficial al desarrollo concedida a los países en cuestión ascendió a aproximadamente 300 millones de euros.
Mayor vigilancia marítima en torno a Mayotte.
París también planea intensificar sus esfuerzos para combatir los cruces ilegales. El gobierno tiene previsto utilizar más drones y globos cautivos para vigilar las rutas marítimas de acceso al archipiélago. Asimismo, se prevé aumentar el número de buques interceptores de nueve en 2026 a trece en 2028, mientras que un destacamento de la Legión Extranjera Francesa estará estacionado en el islote de M'tsamboro.
Mayotte contaba oficialmente con 323.000 habitantes al 1 de enero de 2026, según el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia), con una importante población extranjera. Los inmigrantes procedían principalmente de las vecinas Comoras, pero también, cada vez más, de países de la región de los Grandes Lagos. Según el prefecto Frédéric Poisot, en el momento de este anuncio ya se habían llevado a cabo 16.500 deportaciones desde principios de 2026.
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