El 8 de agosto de 2026, veinticuatro horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella asumiera el cargo, un artefacto explosivo fue lanzado contra una caseta de peaje en la Carretera Panamericana, en el departamento costero del Cauca. El ejército colombiano atribuye el ataque a dos grupos disidentes de la antigua FARC.
La explosión destruyó una caseta de peaje en la Carretera Panamericana, en el oeste de Colombia. Dos guardias de seguridad sufrieron heridas leves. Según un testigo, el agresor abandonó su vehículo en el lugar antes de huir en motocicleta. El ejército colombiano atribuye el ataque a dos facciones armadas surgidas de una escisión dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización rebelde que depuso las armas en 2016 tras un acuerdo de paz con el gobierno.
La nueva administración reaccionó con rapidez. La ministra de Transportes, Elsa Noguera, publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmaba que "Colombia no cederá ante la violencia" y no tolerará "la destrucción de la infraestructura que conecta nuestras regiones". Hizo eco de las palabras pronunciadas el día anterior por el presidente durante su discurso de investidura: "Ha llegado el momento de restablecer el orden".
Abelardo de la Espriella, abogado de formación y figura de la ultraderecha, juró su cargo el viernes 7 de agosto. Este político ajeno al sistema había basado su campaña en la promesa de acabar con los grupos armados que han asolado el país durante más de seis décadas. Colombia está desgarrada por un conflicto interno que involucra a paramilitares de ultraderecha, guerrillas de izquierda, fuerzas gubernamentales y redes criminales. Además, sigue siendo el principal productor mundial de coca.
De la Espriella ganó por un estrecho margen la segunda vuelta de las elecciones en junio pasado frente al senador izquierdista Iván Cepeda, por menos de un punto. Sucede a Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista del país, cuyo legado pretende romper. La denominada política de "Paz Total" de Petro, basada en el diálogo con grupos armados, ha sido oficialmente abandonada. En su discurso inaugural, el nuevo jefe de Estado declaró que la opción del diálogo estaba "agotada" y anunció el retorno a un enfoque militarizado.
Esta línea dura forma parte de un acercamiento deliberado con Washington. La administración Trump prometió mil millones de dólares en ayuda para la seguridad tras un periodo de tensas relaciones con el gobierno de Petro. De la Espriella anunció su intención de bombardear embarcaciones y aeronaves sospechosas de transportar drogas ilícitas, un método similar al empleado por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el riesgo de abusos que tales prácticas suponen para la población civil.
El presidente colombiano no puede presentarse a la reelección al finalizar su mandato de cuatro años. El desafío que le espera es considerable: los problemas estructurales del narcotráfico y la violencia armada se han resistido durante décadas a todos los intentos de encontrar una solución duradera.
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