Con el objetivo de reforzar la lucha contra la desinformación de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el Senado ha abierto un debate que va mucho más allá de la regulación de las redes sociales. Con su informe sobre las "zonas grises de la información", la misión liderada por Laurent Lafon (Unión de Centro), Agnès Evren (LR) y Sylvie Robert (PS) introduce un concepto hasta ahora ausente del debate jurídico francés: el de "injerencia interna".
Hasta ahora, la injerencia se refería a las acciones de una potencia extranjera que buscaba influir o desestabilizar un Estado. Al proponer aplicar esta lógica a los propios actores franceses, el Senado da un paso sin precedentes. La idea es crear un observatorio encargado de identificar la «manipulación interna de la información», con el fin de detectar campañas de influencia que no se lleven a cabo desde Moscú, Pekín o Teherán. pero de Francia.
Un concepto con contornos particularmente vagos.
Es precisamente este fenómeno el que suscita las críticas más acérrimas. A diferencia de la injerencia extranjera, que se identifica objetivamente por su origen, la "injerencia interna" se basa en criterios mucho más subjetivos. ¿Quién decidirá que una corriente de opinión, un partido político, un medio de comunicación independiente o un creador de contenido ya no participa en el debate democrático, sino que ahora constituye una "manipulación"?
La cuestión dista mucho de ser teórica. En una rueda de prensa, Laurent Lafon planteó la posibilidad de que una figura o movimiento político con importantes recursos financieros utilice las redes sociales "como arma". Esta formulación es lo suficientemente amplia como para avivar la preocupación de muchos defensores de la libertad de expresión, quienes la ven como un riesgo de transformar una categoría política en una categoría casi de seguridad.
Detrás de esta nueva terminología subyace una pregunta fundamental: ¿en qué momento una oposición política virulenta deja de ser una opinión legítima para convertirse en una forma de "interferencia" contra las instituciones?
El riesgo de una policía de la información
El informe no se limita a esta única innovación semántica. También propone reforzar las competencias de Arcom, brindar mayor supervisión a los creadores de contenido, condicionar ciertas subvenciones a la prensa al uso de inteligencia artificial y ampliar las posibilidades de emprender acciones legales contra las publicaciones.
Consideradas individualmente, cada una de estas medidas puede defenderse en nombre de la lucha contra la desinformación. Sin embargo, en conjunto, configuran una estructura para el control del espacio informativo sin precedentes bajo la Quinta República.
La línea que separa la lucha contra las campañas de manipulación del control del debate público se vuelve entonces particularmente delicada. Porque en una democracia liberal, no le corresponde al Estado determinar qué opiniones son aceptables, sino al debate abierto, a los ciudadanos y, cuando se comete un delito, al juez.
Al inventar el concepto de «injerencia interna», el Senado corre el riesgo de introducir una noción lo suficientemente amplia como para abarcar, en el futuro, a actores perfectamente franceses cuyo único delito sería desafiar al gobierno, a las instituciones o al discurso dominante. Este hecho plantea profundas interrogantes sobre el equilibrio entre la necesaria lucha contra la manipulación de la información y la protección de la libertad de expresión, que constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.
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