Irán ejecutó el sábado a siete hombres condenados por atentados mortales y asesinatos, según informó la agencia de noticias judiciales Mizan. Según las autoridades, seis de ellos eran separatistas árabes acusados de perpetrar atentados armados y colocar bombas en Jorramshahr, provincia de Juzestán, que causaron la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad.
El séptimo, identificado como Saman Mohammadi Khiyareh, un kurdo, había sido condenado por el asesinato en 2009 de Mamousta Sheikh al-Islam, una figura religiosa sunita que apoyaba al gobierno, en la ciudad de Sanandaj.
Mizan afirmó que los hombres tenían vínculos con Israel, una acusación que las organizaciones de derechos humanos consideran una estrategia recurrente de las autoridades iraníes para presentar cualquier disidencia de las minorías étnicas como manipulada desde el extranjero.
Varios activistas criticaron duramente la ejecución de Mohammadi Khiyareh, señalando que solo tenía 15 o 16 años en el momento del presunto asesinato, que fue arrestado a los 19 y que permaneció detenido más de diez años antes de su ejecución. Denunciaron un juicio plagado de irregularidades, afirmando que su condena se basó en confesiones obtenidas bajo tortura, una práctica que las ONG acusan regularmente al sistema judicial iraní de emplear.
Estas ejecuciones se producen en medio de recurrentes críticas internacionales a Irán, acusado de utilizar la pena de muerte de forma desproporcionada y de atacar a minorías étnicas en procedimientos considerados injustos.