La Unión Europea ha dado un paso importante en su política migratoria al validar un marco que permite a los Estados miembros trasladar a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido rechazadas a centros ubicados fuera del territorio de la Unión.
Según el texto aprobado por los legisladores europeos, estos "centros de retorno" podrían establecerse en terceros países, adonde se enviaría a los migrantes afectados mientras esperan su expulsión o la resolución de su situación administrativa.
La reforma también prevé normas de detención más estrictas y mayores sanciones por falta de cooperación, incluidas la prohibición de entrada en territorio europeo, multas y, en algunos casos, enjuiciamiento penal.
Este enfoque ha suscitado duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que consideran que el sistema podría dar lugar a prácticas similares a las observadas en otros sistemas de inmigración externalizados, en particular en lo que respecta a las condiciones de detención y el respeto de los derechos fundamentales.
Aún deben continuar las conversaciones entre los Estados miembros antes de la aplicación concreta del mecanismo, lo que supone un punto de inflexión importante en la política migratoria de la Unión.
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