El Parlamento aprobó definitivamente un proyecto de ley que reconoce la "parte de responsabilidad" del Estado en el escándalo del clordecona en Guadalupe y Martinica. El texto fue aprobado por unanimidad por los parlamentarios, lo que supone un importante paso simbólico en un caso que ha asolado las Antillas Francesas durante décadas.
Utilizado en plantaciones de banano hasta 1993 a pesar de las advertencias sanitarias ya conocidas, el clordecona ha provocado una contaminación persistente del suelo, los cursos de agua y las poblaciones locales. Según datos sanitarios citados durante los debates parlamentarios, más del 90 % de los adultos que viven en Guadalupe y Martinica presentan rastros de este plaguicida en sus organismos.
Un reconocimiento simbólico pero esperado.
Impulsada por el diputado guadalupeño Elie Califer, la ley reconoce oficialmente que el Estado comparte la responsabilidad por los daños sanitarios, ambientales y económicos derivados de esta contaminación. Sin embargo, la versión final del texto, enmendada por el Senado, mantiene la noción de "participación en la responsabilidad" en lugar de la responsabilidad total y absoluta del Estado.
El gobierno acogió con satisfacción este intento de transparencia, al tiempo que reiteró que la cuestión de las reparaciones y las indemnizaciones requiere un marco jurídico específico. Próximamente, una misión de inspección interministerial visitará Guadalupe y Martinica para evaluar posibles medidas de remediación y limpieza.
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