Decenas de residencias de lujo se han construido ilegalmente en un parque nacional crucial para el equilibrio ambiental de Freetown, la capital de Sierra Leona, según una investigación revelada por Associated Press (AP) y el medio especializado The Gecko Project. Un informe gubernamental, encargado hace casi cuatro años por el presidente Julius Maada Bio, pero nunca publicado, implica a altos funcionarios en la emisión de títulos de propiedad en violación de la ley.
Los proyectos de construcción se llevan a cabo en el barrio de Bio Barray, ubicado parcialmente dentro del Parque Nacional Península del Área Occidental, una región montañosa que el gobierno espera declarar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al menos 50 casas se han construido o están en construcción allí, en terrenos que aún estaban cubiertos de selva tropical en 2019. Associated Press informó en el lugar que las obras continúan.
La investigación, iniciada en 2022 tras un devastador incendio cerca de un embalse estratégico, describe la deforestación en el parque como una "bomba de relojería ambiental". El sitio alberga un embalse que abastece aproximadamente el 90 % del agua potable de Freetown. Según el informe, la continua deforestación y la actividad humana podrían desencadenar una "crisis de escasez de agua".
La capital de Sierra Leona se sitúa entre el océano Atlántico y las colinas boscosas del parque nacional, gran parte del cual se ha visto degradada en los últimos años por el desarrollo inmobiliario, la minería, el cultivo de cannabis y la producción de carbón. El riesgo de deslizamientos de tierra también es alto: un desastre ocurrido en 2017 en las afueras del parque se cobró más de 1.000 vidas.
El comité de investigación, compuesto por 13 miembros, entre ellos policías, abogados, representantes de ONG y un miembro de la Comisión Anticorrupción, analizó imágenes satelitales y examinó documentos administrativos. Encontró una deforestación generalizada e indiscriminada a pesar de la prohibición de construcción en esta área protegida.
El informe indica que funcionarios del Departamento de Tierras, Vivienda y Desarrollo sabían que vastas extensiones de terrenos públicos estaban siendo ocupadas ilegalmente, pero se mostraban reacios a tomar medidas enérgicas por razones desconocidas. Algunos incluso podrían haber fomentado o facilitado estas invasiones para obtener beneficios personales.
Según el documento, el exministro Denis Sandy presuntamente firmó al menos 175 escrituras de arrendamiento de tierras a particulares, lo que constituye una flagrante violación de la ley, en particular de la ley forestal, que prohíbe cualquier desmonte o construcción dentro de un parque nacional. El informe recomienda sanciones contra él y otros 16 funcionarios mencionados en el documento. Denis Sandy no respondió a las solicitudes de comentarios.
La alcaldesa de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, también ambientalista y potencial candidata a las próximas elecciones presidenciales, dijo que el gobierno estaba "plenamente consciente de lo que está sucediendo" y denunció un sistema en el que supuestamente se permitía a personas influyentes eludir la ley.
