A lo largo de las autopistas, permanecen inmóviles, casi como algo común. Los radares de velocidad, instalados en las carreteras francesas desde hace más de veinte años, siguen siendo un blanco habitual para quienes no soportan ni la multa ni el simbolismo. Francia cuenta con 4753 de ellos, y esta red, lejos de apaciguar los ánimos, continúa provocando arrebatos de ira.
La violencia armada, los vehículos cubiertos con lonas, los cortes con amoladoras, los incendios provocados… el arsenal es bien conocido, y a veces aún más perturbador, con vehículos destrozados, dañados por disparos o explosivos. Estos ataques se difunden fácilmente en las redes sociales, como trofeos de protesta. Detrás de ellos subyace una antigua tensión en Francia: la carretera como territorio personal y el Estado como un policía sospechoso de robar carteras en lugar de salvar vidas.
El año pasado, el vandalismo resurgió, sobre todo en el suroeste, impulsado por la indignación de los agricultores. En este contexto, las acciones se dirigieron directamente contra los radares de velocidad, con el objetivo explícito de "inutilizarlos", según Xavier Youx, vicepresidente de la Coordinación Rural de Gironda, quien rechaza la imagen de vándalos. El objetivo no fue elegido al azar: el radar es visible, accesible y, para algunos manifestantes, representa una política considerada punitiva.
Cuando la ira se dirige al caso gris
Porque detrás del dispositivo está el dinero. El elevado importe de las multas, la sensación de «represión» dirigida a los conductores y el rechazo a los controles percibidos como puramente automáticos e indiscriminados alimentan la hostilidad. El radar no multa por comportamiento; fotografía la velocidad. Para algunos, esto basta para convertirlo en un adversario, aunque la seguridad vial siga siendo el argumento central de las autoridades.
Una realidad menos atractiva que los vídeos de vandalismo sigue presente: la factura. Cada radar averiado implica un periodo de inactividad, intervenciones técnicas, reparaciones y, en ocasiones, medidas de seguridad reforzadas, todo ello a cargo de la comunidad. Las autoridades recuerdan a todos que este vandalismo constituye un delito, mientras que el gobierno continúa modernizando su flota, especialmente con radares tipo torre más modernos y, a menudo, mejor protegidos.
En definitiva, este enfrentamiento revela algo sobre nuestra época: un movimiento de protesta que busca símbolos fáciles para atacar, y un gobierno que responde con continuidad, incluyendo sanciones y reemplazos. Mientras tanto, los radares de velocidad seguirán erguidos a los lados de la carretera como centinelas silenciosos, y su destino seguirá siendo un indicador del estado de ánimo de la nación en los meses venideros.
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