En Los Ángeles, un jurado de California ordenó a Instagram y YouTube indemnizar a una adolescente estadounidense llamada Kaley, quien acusó a las plataformas de contribuir a su depresión. Según el veredicto del jurado, el tribunal civil otorgó al menos 3 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Una suma considerable, pero, aún más importante, un mensaje contundente: la salud mental de los adolescentes ya no es un tema relegado a los márgenes del debate tecnológico.
Cabe destacar que el jurado determinó que Meta, la empresa matriz de Instagram, y YouTube, propiedad de Google, actuaron de forma fraudulenta y deliberada. Este hallazgo no es insignificante, ya que abre la puerta a la imposición de daños punitivos adicionales, cuyo monto se determinará tras la lectura del veredicto, con el objetivo de imponer sanciones que vayan más allá de la mera compensación.
Un veredicto que podría sentar un precedente.
En el bando de la demandante reina la euforia. Sus abogados celebraron «un momento histórico» para «los miles de niños y familias» afectados, acusando a las empresas de redes sociales de lucrarse a costa de captar la atención de menores, ocultando mecanismos considerados «adictivos y peligrosos». Este es el aspecto más llamativo: el de un modelo de negocio que se sospecha que prosperó gracias a la atención captada, a costa de la vulnerabilidad adolescente, a veces expuesta al descubierto.
Meta, por su parte, impugna el veredicto y se prepara para lo que venga. «Discrepamos respetuosamente con el veredicto y estamos analizando nuestras opciones legales», respondió un portavoz. Este fallo, presentado como sin precedentes, podría influir en otros procesos judiciales en Estados Unidos, donde se multiplican las quejas sobre los efectos de las principales plataformas en la salud mental de los jóvenes, lo que plantea una pregunta fundamental: ¿hasta dónde llegarán los tribunales para someter a las redes sociales a la responsabilidad civil?
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