El lunes 11 de mayo, el Senado retomará el debate sobre la muerte asistida en segunda lectura, tras más de un año de intensas discusiones. El proyecto de ley busca establecer un derecho regulado: bajo ciertas condiciones, un paciente podría recibir una sustancia letal administrada por un profesional de la salud o autoadministrársela. El gobierno aspira a su aprobación definitiva en julio, pero la cámara alta, generalmente más cautelosa en temas sociales, podría endurecer las disposiciones, modificarlas sustancialmente o incluso posponer la votación.
Dentro de los grupos defensores de los derechos de los pacientes y las personas con discapacidad, la línea divisoria es clara. Algunos abogan por el progreso en nombre de la autonomía, la libertad de elegir el propio final, sin pretensiones ni disimulos. Otros, por el contrario, temen las consecuencias negativas de la legalización: cuando la dependencia, el aislamiento o la precariedad se instalan, la libertad puede convertirse rápidamente en una prohibición tácita, la de no "ser una carga".
En el Palacio de Luxemburgo, las salvaguardias en el centro de la batalla
Ante la asamblea, los opositores esgrimieron un argumento que resonó en todos: la posible rapidez de un procedimiento de muerte asistida en comparación con las demoras, a veces interminables, para acceder a la atención médica, el tratamiento del dolor o la atención domiciliaria. El contraste resultaba inquietante. Cuando el Estado tiene dificultades para mantener el control, a algunos les cuesta aceptar que pueda organizar repentinamente el acto final con una eficiencia administrativa casi impecable.
Los partidarios del proyecto de ley, sin embargo, defienden una medida reservada para situaciones excepcionales y prometen que coexistirá con el desarrollo de los cuidados paliativos. Francia ya cuenta con un marco normativo, la ley Claeys-Leonetti de 2016, que autoriza, bajo estrictas condiciones, la sedación profunda y continua hasta la muerte. El meollo del debate reside en determinar si esto representa un paso más allá y a qué costo legal, médico y moral.
En el Senado, ya se han identificado los puntos conflictivos: criterios de elegibilidad, plazos, garantías, el papel del médico y la objeción de conciencia. Si ambas cámaras siguen sin llegar a un acuerdo, la Asamblea Nacional, generalmente favorable al proyecto de ley, tendrá la última palabra, lo que le da al debate actual el aire de un último obstáculo que superar… o reforzar. Antes de la votación final, asociaciones y grupos pretenden ejercer su influencia con testimonios concretos, y la pregunta subyacente, aunque tácita, persiste: en una sociedad que lucha por brindar apoyo, ¿cómo podemos garantizar que «elegir» nunca se convierta en la única opción?
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