El Tribunal de Apelación de París rechazó el jueves 27 de marzo todos los recursos interpuestos por Carlos Ghosn para anular la orden de arresto internacional emitida contra él en abril de 2023. El exdirector general de Renault-Nissan, residente en el Líbano desde su espectacular huida de Japón a finales de 2019, es objeto de una investigación de la Fiscalía Nacional Financiera por corrupción y tráfico de influencias, en particular en relación con su pasada colaboración con Rachida Dati, entonces abogada y diputada al Parlamento Europeo.
La orden de arresto se emitió después de que Ghosn se negara a comparecer ante un juez de instrucción parisino. Sus abogados argumentaron que la orden era inadmisible, alegando que tenía prohibido legalmente salir del Líbano y que no había eludido la justicia "voluntariamente". Sin embargo, el tribunal dictaminó que su ausencia de Francia justificaba el uso de dicha orden, incluso sin un intento previo de citación formal.
Un caso explosivo que involucra política, negocios y justicia
Carlos Ghosn es sospechoso de haber pagado a Rachida Dati 900.000 euros por servicios de consultoría considerados ficticios mientras era diputada al Parlamento Europeo. Ambos niegan rotundamente las acusaciones. La defensa de Ghosn también intentó, sin éxito, acceder al expediente judicial a pesar de la orden de arresto, argumentando que el plazo de prescripción había prescrito. Estos argumentos fueron desestimados por la sala de instrucción.
Este revés legal se suma a otro caso, en el que Ghosn tiene una orden de arresto en Nanterre, esta vez por malversación de activos de la empresa y blanqueo de capitales como parte de un grupo organizado en relación con un distribuidor de automóviles omaní. A sus 71 años, Carlos Ghosn sigue sujeto a varios procedimientos legales internacionales y no puede salir del Líbano, donde reside bajo la protección de las autoridades locales.
