Desde otoño, la Unión Europea ha comenzado a cambiar su sistema informático, literalmente. Los sellos tradicionales han desaparecido, sustituidos por un sistema de registro digital que recopila información de identidad, datos biométricos y fechas de entrada y salida. Como resultado, en seis meses, más de 27.000 personas han visto denegada su entrada a la Unión Europea, según la Comisión, entre ellas 700 consideradas una "amenaza para la seguridad". Al mismo tiempo, Bruselas afirma haber registrado ya más de 52 millones de entradas y salidas, prueba de un sistema que funciona con rapidez, a veces demasiado rápido para quienes llegan al mostrador sin el perfil adecuado o la documentación correcta.
70 segundos por persona, y a veces un viaje de ida.
Este nuevo sistema está dirigido a nacionales de terceros países —aquellos que no poseen la nacionalidad de un Estado miembro de la UE ni de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza— para estancias cortas limitadas a 90 días. El procedimiento combina el registro en línea, el pre-registro en un quiosco y, posteriormente, un control policial, con la promesa de un promedio de 70 segundos para registrar a un viajero. Bruselas destaca la mayor rapidez en los controles, una mejor detección de las estancias ilegales y el refuerzo de la seguridad en las fronteras exteriores, mientras que la cuestión de las denegaciones y las devoluciones sigue siendo objeto de un seguimiento exhaustivo por parte de las ONG y las instituciones europeas, que denuncian con frecuencia las prácticas de "devolución forzosa" en varias zonas sensibles. Al equilibrar la aparente eficiencia con la vigilancia del cumplimiento de la ley, Europa camina sobre la cuerda floja, con una pregunta que resurge constantemente: ¿qué impacto duradero tendrá este nuevo filtro sobre el terreno?
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