El Consejo Constitucional ratificó el viernes 14 de agosto la ley que establece el derecho a la muerte asistida en Francia. El texto autoriza, bajo estrictas condiciones, la administración de una sustancia letal por parte del propio paciente o, cuando este se encuentre físicamente incapacitado para hacerlo, por un profesional sanitario. El Consejo rechazó todas las impugnaciones presentadas contra la reforma, si bien emitió tres reservas interpretativas destinadas a regular su aplicación.
Para acceder a este servicio, el paciente debe ser mayor de edad, ciudadano francés o residente en Francia, padecer una enfermedad grave e incurable en fase avanzada o terminal y sufrir un sufrimiento físico insoportable. Asimismo, debe ser capaz de expresar su voluntad libre e informada hasta el final. Tras la aprobación médica, deberá respetarse un periodo mínimo de espera de dos días, tras el cual el paciente deberá confirmar su decisión el día del procedimiento.
La cláusula de conciencia se extendió a los farmacéuticos.
Dos reservas se refieren a la cláusula de objeción de conciencia. Una institución privada puede negarse a practicar la muerte asistida cuando esta sea claramente contraria a sus objetivos estatutarios o a su misión, siempre que no sea la única institución capaz de satisfacer las necesidades locales. La protección individual que se brinda a los profesionales de la salud se extenderá también a los farmacéuticos que se nieguen a preparar el producto letal.
La tercera reserva se refiere a las personas bajo tutela o curatela. El médico que revise su solicitud deberá tener en cuenta las observaciones del representante legal, sin que este último tome la decisión en nombre del paciente. Emmanuel Macron celebró una decisión que «concluye un debate democrático ejemplar». La Presidencia considera que Francia ya puede prepararse para la implementación de la reforma, que aún requiere la publicación de su reglamento de aplicación.
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