Alrededor de quince migrantes deportados de los Estados Unidos aterrizaron en Kinshasa, República Democrática del Congo, el viernes 17 de abril, como parte de un acuerdo bilateral entre las administraciones de Donald Trump y el presidente congoleño Félix Tshisekedi. Estas personas, originarias de América Latina, representan la primera implementación concreta de este sistema.
Según una fuente cercana a la presidencia congoleña, el grupo está compuesto por siete mujeres y ocho hombres procedentes de Perú y Ecuador. Su llegada forma parte de un programa presentado por Kinshasa como un "mecanismo de acogida temporal para nacionales de terceros países" vinculado a las políticas migratorias estadounidenses.
Este acuerdo, firmado a principios de abril, forma parte de una cooperación más amplia entre ambos países, especialmente en los sectores de la salud y la minería. A finales de febrero, Washington y Kinshasa ya habían concluido una alianza por valor de 1,2 millones de dólares en el sector de la salud. Sin embargo, los términos exactos del acuerdo migratorio aún no están claros, sobre todo en lo que respecta a las posibles concesiones otorgadas a la República Democrática del Congo.
Una vez allí, los migrantes serían alojados temporalmente, posiblemente en un hotel de Kinshasa, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, que podría ofrecerles asistencia para el "retorno voluntario". Esta situación ha sido denunciada por algunas ONG y abogados, quienes están preocupados por el respeto a los derechos de los involucrados, especialmente porque se cree que varios cuentan con protección legal contra su deportación a sus países de origen.
El gobierno congoleño insiste en el carácter temporal del programa y afirma que cada caso se examinará individualmente. Las autoridades también especifican que Estados Unidos cubre los costos logísticos. Según fuentes cercanas al asunto, aproximadamente cincuenta migrantes podrían ser enviados a la República Democrática del Congo cada mes, aunque no se ha revelado el total general.
Estas transferencias forman parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para externalizar las deportaciones a terceros países, especialmente en África. Esta política, ya implementada con varios estados del continente, ha suscitado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian los acuerdos como opacos y potencialmente contrarios al derecho internacional.
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