Adiós al acrónimo Ehpad, hola «Maisons France Autonomie» (Casas de Autonomía Francesa). El gobierno planea cambiar el nombre de las residencias para ancianos dependientes para el año 2027, con una promesa clara: hablar de la vejez de otra manera. La ministra delegada para la Autonomía y las Personas con Discapacidad, Camille Galliard Minier, aboga por un enfoque positivo del envejecimiento, haciendo hincapié en lo que permanece —la autonomía— en lugar de en lo que se erosiona —la dependencia—.
Detrás del cambio de imagen, el gobierno también busca recuperar el control de un sector dañado por escándalos, entre los que destaca Orpea, y lastrado por una crisis de atractivo que ya no se oculta. Escasez de personal, alta rotación, equipos agotados, preocupaciones familiares y pérdidas financieras en algunos centros… El lector es consciente de ello, y los profesionales aún más. El cambio de nombre es una forma de enviar un mensaje, un intento de conciliar un nuevo nombre con una realidad que se ha vuelto demasiado pesada de soportar.
Una etiqueta para pasar página, sin enmascarar la realidad.
Camille Galliard Minier busca crear espacios «donde las personas mayores quieran vivir y los profesionales quieran trabajar». La idea es transformar las instalaciones, a veces percibidas como aisladas, en «casas abiertas al mundo exterior», más integradas en la vida local, con un ambiente de hogar en lugar de un pasillo medicalizado. La palabra «Francia», explica la ministra, alude a una movilización nacional ante el inminente cambio demográfico, como si el envejecimiento de la población se convirtiera por fin en un asunto que atañe a todo el país y no solo a las familias.
La cuestión fundamental, que trasciende los eslóganes, sigue siendo: ¿qué cambiará realmente para los residentes y quienes los cuidan a diario? Los criterios para la certificación deben desarrollarse en colaboración con profesionales y personas mayores, tras reuniones temáticas centradas en seis prioridades, que abarcan desde la prevención del envejecimiento deficiente hasta la promoción de las profesiones de atención domiciliaria, la diversificación de las opciones de vivienda compartida y el apoyo a los cuidadores. Se prevé que estos criterios se presenten en la conferencia nacional sobre autonomía, programada para septiembre.
En los pasillos de estas residencias, muchos esperan principalmente medidas concretas, no solo un nuevo letrero en la entrada. La crítica se repite: cambiar el nombre no llena los horarios, no reduce los gastos directos ni crea empleos para los cuidadores. El objetivo político es claro: recuperar el sentido y la confianza. Pero lo que suceda después dependerá de los recursos, la supervisión y la capacidad de cumplir la promesa de una vejez digna, visible y aceptada en la sociedad.
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