De nuevo en el punto de mira: las pruebas genéticas preimplantacionales para la detección de aneuploidías (PGT-A) han vuelto a entrar en el debate bioético, justo cuando Francia inició sus consultas nacionales el 21 de enero de 2026, con vistas a una posible revisión de la ley. El anuncio del embarazo de Marine Tondelier, secretaria nacional del Partido Verde y candidata presidencial, el 31 de marzo, añadió un foco de atención inesperado, ya que manifestó su apoyo a la prueba "dentro de un marco bien definido".
En la práctica, el diagnóstico genético preimplantacional para aneuploidías (DGP-A) analiza una célula extraída de un embrión concebido mediante fertilización in vitro antes de su transferencia al útero, con el fin de detectar anomalías cromosómicas, como ciertas trisomías o monosomías, y favorecer los embriones euploides. Sus defensores lo consideran una herramienta médica para reducir los fallos de implantación y los abortos espontáneos, y la ginecóloga Joëlle Belaïsch-Allart ha señalado que los embriones con anomalías cromosómicas a veces se implantan mal y pueden provocar la pérdida del embarazo. Sin embargo, este tema nunca ha calado del todo en la opinión pública.
Un proceso de clasificación embrionario que roza la ilegalidad de la ley.
Un proceso de selección embrionaria al margen de la ley. Ante la promesa de una mayor seguridad para ciertos procedimientos de reproducción asistida (TRA), la legislación francesa se mantiene firme en una postura estricta: el diagnóstico genético preimplantacional para aneuploidías (DGP-A) no está autorizado. En consecuencia, mujeres y parejas recurren a él en el extranjero, especialmente a España, lo que demuestra que existe demanda y que la prohibición nacional no cierra la puerta por completo, sino que la desplaza. En Francia, el DGP dirigido a una enfermedad genética solo es posible cuando existe una "alta probabilidad" de dar a luz a un niño con una afección particularmente grave reconocida como incurable en el momento del diagnóstico.
Con estricta supervisión: revisión de expedientes en uno de los 49 centros multidisciplinarios de diagnóstico prenatal, validación médica por un genetista, consentimiento informado por escrito y acceso libre para parejas heterosexuales, parejas de mujeres y mujeres solteras bajo ciertas condiciones. El delicado equilibrio persiste: hasta dónde expandir el programa sin caer en una selección manifiesta, y qué precio colectivo aceptar por unos pocos puntos adicionales en la tasa de éxito, especialmente considerando que la próxima revisión augura, una vez más, decisiones difíciles.
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