He aquí una palabra que suena a algo sacado de un mal thriller, solo que ahora aparece en archivos de investigación: "criptocapturas". Según la Fiscalía Nacional contra el Crimen Organizado (PNACO), 88 personas han sido acusadas en doce investigaciones judiciales relacionadas con estos secuestros y extorsiones dirigidas a poseedores de criptoactivos, incluyendo a más de diez menores, y 75 sospechosos se encuentran actualmente en prisión preventiva. El método es brutal, casi industrial: reconocimiento, confinamiento, amenazas y luego transferencias forzadas de activos digitales. Las cifras aumentan como un mercado bursátil en plena volatilidad: 18 incidentes registrados en 2024, 67 en 2025, ya 47 desde principios de 2026, sumando un total de 135 desde 2023.
Entre ellas, las detenciones recientes ilustran el nerviosismo que genera el fenómeno, como el secuestro en Saboya de una magistrada de Grenoble y su madre en Challes-les-Eaux, y posteriormente en Charente-Maritime el de una pareja en Dompierre-sur-Mer, casos en los que encontramos sospechosos ya condenados, acusados de "detención, secuestro, retención ilegal en grupo, extorsión y blanqueo de capitales".
Cuando la billetera se convierte en un objetivo
Lo que llama la atención en todas las investigaciones es la difuminación de los límites: métodos delictivos clásicos combinados con ganancias económicas inmediatas, difíciles de recuperar una vez perdidas, como agua que se escapa entre los dedos. El Programa Nacional Anticorrupción (PNACO) está implementando una estrategia de vinculación de casos, llevada a cabo con unidades especializadas de la policía judicial y la gendarmería, para descubrir equipos, rutinas y controles cruzados; en resumen, redes estructuradas, no infalibles pero organizadas. La fiscalía también hace un llamado a la vigilancia, y el mensaje es claro: menor exposición en redes sociales, cautela ante "solicitudes" y falsos investigadores, porque la ostentación digital a veces sirve de puerta de entrada para los atacantes.
Un punto relevante, casi inquietante, sigue siendo la presencia de menores entre los acusados, una señal de reclutamiento que busca jóvenes rápidamente, y a menudo para las tareas más arriesgadas, mientras que quienes dan las órdenes siguen siendo más difíciles de localizar, lo que sugiere meses de investigaciones y una carrera contrarreloj entre la justicia y la economía criminal del mundo totalmente digital.
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