Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la administración estadounidense ha afirmado que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene jurisdicción legal sobre los ciudadanos estadounidenses y no cooperará con ninguna de sus investigaciones dirigidas contra ciudadanos estadounidenses.
En una carta dirigida a la CPI, las autoridades estadounidenses manifestaron su firme rechazo a que la corte internacional pueda ejercer autoridad sobre Estados Unidos o sus ciudadanos. Esta postura reafirma la doctrina estadounidense de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte.
El Departamento de Justicia también aclaró que Washington no participaría en ninguna investigación de la CPI relacionada con ciudadanos estadounidenses, reforzando así la postura de rechazo que Estados Unidos ya ha adoptado durante varios años con respecto a esta institución.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, es responsable de enjuiciar a las personas acusadas de los crímenes más graves, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, lo que suele avivar las tensiones entre Washington y la institución.
Esta nueva declaración forma parte de una estrategia política estadounidense coherente para cuestionar la legitimidad de la CPI cuando intenta extender su jurisdicción a nacionales de países no miembros.
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