El Tribunal de Apelación de Londres ratificó el lunes la decisión del gobierno británico de prohibir el grupo de acción propalestino Palestine Action, al considerar que su clasificación como organización terrorista era legal y proporcionada.
Esta decisión confirma la prohibición vigente desde el año pasado, impuesta en virtud de las leyes antiterroristas británicas. El gobierno justificó esta medida alegando el presunto apoyo del grupo a acciones violentas contra empresas del sector de la defensa, en particular la empresa israelí Elbit Systems.
Según el fallo emitido por cinco jueces, si bien la decisión de prohibir un grupo militante es sumamente controvertida, se mantiene legalmente justificada ante las pruebas de apoyo a actos de violencia ilegal. El Tribunal rechazó así el argumento de que el movimiento formaba parte de una tradición de desobediencia civil comparable a otros movimientos históricos.
El grupo, fundado en 2020 por Huda Ammori, impugnó la prohibición, argumentando que infringía la libertad de expresión y de reunión de sus seguidores. Anunció su intención de continuar la batalla legal ante el Tribunal Supremo del Reino Unido.
La jueza presidenta Sue Carr dictaminó que las acciones del grupo iban más allá del ámbito de la protesta política clásica, debido a la promoción de un comportamiento considerado violento e ilegal por los tribunales.
Este caso reaviva el debate en el Reino Unido sobre la delgada línea que separa el activismo político, la desobediencia civil y el terrorismo, en un contexto ya de por sí tenso en torno a las manifestaciones relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.
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