La Autoridad Palestina ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que tome medidas que garanticen que los responsables de la muerte del bebé palestino de siete meses, Sam Fahd Abu Heikal, rindan cuentas por sus actos tras un tiroteo cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino calificó el incidente de "ejecución sumaria" y lo consideró parte de una serie de ataques contra civiles palestinos, en particular niños. Las autoridades palestinas consideran este suceso una violación del derecho internacional humanitario.
Según el Ministerio de Salud palestino, el bebé resultó herido de muerte cuando soldados israelíes abrieron fuego contra el vehículo de su familia en la zona de Tel Rumeida, en Hebrón. Sus padres también resultaron heridos y fueron hospitalizados.
Las autoridades palestinas han pedido a las Naciones Unidas y a los tribunales internacionales pertinentes que investiguen las circunstancias de la tragedia y que tomen medidas para llevar a los responsables ante la justicia. Asimismo, han solicitado que se refuerce la protección internacional de la población civil palestina.
El ejército israelí reconoció en un comunicado que el vehículo había sido blanco de disparos. Sin embargo, las circunstancias exactas del incidente siguen siendo controvertidas y existen versiones contradictorias entre las partes involucradas.
El funeral del bebé tuvo lugar el sábado en Hebrón, con la asistencia de numerosos residentes. El cuerpo del niño, envuelto en una mortaja blanca y una bandera palestina, fue llevado por sus familiares durante la procesión fúnebre.
Este caso surge en medio de una creciente tensión en Cisjordania, donde las operaciones militares israelíes, las detenciones y los enfrentamientos continúan paralelamente a la guerra en la Franja de Gaza.
Según cifras publicadas por la Autoridad Palestina, más de mil palestinos han muerto en Cisjordania desde octubre de 2023, mientras que miles más han resultado heridos, detenidos o desplazados. Estas cifras no pueden verificarse de forma independiente por el momento y son cuestionadas por las autoridades israelíes en algunos puntos.
Los funcionarios palestinos afirman que continuarán sus esfuerzos diplomáticos y legales con los organismos internacionales para garantizar que los presuntos autores de violaciones del derecho internacional no gocen de impunidad.
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