Las autoridades rusas han añadido a la Universidad de Stanford a su lista de organizaciones consideradas "indeseables", prohibiendo de facto todas las actividades de la institución en su territorio. Esta decisión también expone a las personas vinculadas a la universidad a posibles acciones legales.
La legislación estipula que cualquier forma de colaboración, incluido el pago de matrículas o la difusión de contenido relacionado con la organización, puede ser sancionada. Esta medida afecta actualmente a un número creciente de instituciones extranjeras.
Una lista ampliada desde el inicio del conflicto en Ucrania.
Varias universidades y ONG internacionales ya figuran en esta lista, entre ellas Yale, Berkeley y organizaciones como Greenpeace y Transparencia Internacional. Este sistema, establecido en 2015, se ha utilizado con mayor frecuencia en los últimos años.
Desde el inicio de la ofensiva en Ucrania en 2022, las autoridades rusas han reforzado las restricciones dirigidas a la sociedad civil y las instituciones extranjeras, en medio de un mayor control político y de las actividades consideradas sensibles.
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