“Lo hice por mi país”: el artífice de la guerra contra las drogas de Duterte suplica a Marcos que no lo entregue a la CPI.

El senador filipino Ronald dela Rosa, figura central en la violenta guerra contra las drogas librada bajo el mandato del expresidente Rodrigo Duterte, pidió el martes al presidente Ferdinand Marcos Jr. que no lo entregara a la Corte Penal Internacional (CPI).

Ronald dela Rosa, sujeto a una orden de arresto emitida el lunes por la CPI bajo sospecha de crímenes de lesa humanidad, ha manifestado su disposición a responder por sus actos ante la justicia filipina, pero se niega a ser extraditado a La Haya. El exjefe de policía está acusado de los mismos crímenes que Rodrigo Duterte, quien ya se encuentra detenido a la espera de su juicio ante la corte internacional.

Ante el temor a una detención inminente, el senador se atrincheró en su oficina del Senado por segundo día consecutivo. Actualmente se encuentra bajo la protección de la institución parlamentaria, tras la entrada de las fuerzas del orden al edificio el lunes. Sin embargo, la policía filipina sostiene que hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de arresto a nivel nacional en su contra.

En declaraciones a la prensa, Ronald dela Rosa, apodado "Bato" —que significa "roca"—, defendió su papel en la campaña antidrogas emprendida bajo el mandato del presidente Duterte. Con lágrimas en los ojos, afirmó haber servido fielmente a su país y negó cualquier implicación en ejecuciones ilegales.

«Espero que, como padre de la nación, cuide de todos los filipinos», dijo, dirigiéndose directamente al presidente Marcos. «He hecho todo por el país. No me he enriquecido. He trabajado con fidelidad», añadió.

El gobierno filipino ha indicado que podría acceder a una solicitud de la CPI si esta se realizara a través de Interpol. Esta posibilidad está avivando las tensiones políticas en el país, donde el legado de la guerra contra las drogas sigue siendo profundamente controvertido.

La campaña antidrogas emprendida bajo el mandato de Rodrigo Duterte ha provocado miles de muertes y numerosas acusaciones de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Durante varios años, organizaciones internacionales han acusado a las autoridades filipinas de fomentar las ejecuciones extrajudiciales como parte de esta política de seguridad.