Según fuentes de seguridad y el Ministerio de Defensa, un ataque aéreo causó la muerte de siete soldados iraquíes e hirió a otros trece en el oeste del país.
El ataque tuvo como objetivo una instalación de las Fuerzas de Movilización Popular Chiítas, cerca de un centro médico militar en la provincia de Anbar, afectando principalmente a una clínica y a una unidad de ingeniería.
Los equipos de rescate seguían movilizados para buscar a posibles víctimas entre los escombros.
El Ministerio de Defensa iraquí denunció una "violación flagrante y grave" del derecho internacional, e hizo hincapié en que las instalaciones médicas y el personal sanitario deben estar protegidos en todas las circunstancias.
Las autoridades calificaron la huelga de peligrosa escalada y pidieron que se identificara a los responsables y se les exigiera que rindieran cuentas.
Bagdad también indicó que se reserva el derecho a responder, de conformidad con el marco legal aplicable.
Este ataque se produce en un contexto regional ya de por sí extremadamente tenso, marcado por el aumento de los ataques y enfrentamientos vinculados al conflicto en curso en Oriente Medio.
Esto pone de manifiesto el riesgo de que el conflicto se extienda a otros países de la región, con consecuencias potencialmente graves para la estabilidad local.
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