El presidente ugandés, Yoweri Museveni, promulgó una nueva y controvertida ley destinada a limitar la influencia extranjera en el país, a pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos y las preocupaciones expresadas por algunas instituciones financieras. La ley, denominada "Ley de Protección de la Soberanía", fue aprobada por el Parlamento el 5 de mayo.
La legislación penaliza, entre otras cosas, la promoción de "intereses extranjeros contrarios a los intereses de Uganda". Asimismo, prohíbe que cualquier persona que actúe en nombre de intereses extranjeros desarrolle o implemente políticas sin la aprobación previa del gobierno. Los infractores se enfrentan a penas de hasta diez años de prisión y fuertes multas.
Las ONG y los defensores de las libertades civiles denuncian la redacción como extremadamente vaga, argumentando que podría permitir al gobierno reprimir prácticamente cualquier forma de oposición política. Según ellos, el gobierno ahora cuenta con una herramienta legal que puede utilizarse contra activistas, periodistas, partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, el gobierno ugandés rechaza estas acusaciones y sostiene que los críticos exageran el verdadero alcance de la ley. Las autoridades argumentan que el objetivo principal de la legislación es proteger la soberanía nacional de la injerencia extranjera en los asuntos políticos del país.
En el poder desde 1986, Yoweri Museveni acusa con frecuencia a sus opositores de recibir financiación extranjera para desestabilizar su gobierno. Esta nueva ley refleja una postura política cada vez más firme frente a la influencia extranjera y las organizaciones internacionales presentes en el país.
Ante las críticas de los sectores económico y financiero, varias disposiciones iniciales del proyecto de ley se suavizaron antes de su aprobación definitiva. En particular, se modificó una medida que exigía que todos los ugandeses que recibieran dinero del extranjero se registraran como "agentes extranjeros".
En su versión final, esta obligación ahora solo se aplica a las personas que reciben fondos destinados a actividades políticas que sirven a intereses extranjeros. Este cambio era particularmente previsible en un país donde las remesas de la diáspora representan una importante fuente de divisas y un sustento esencial para muchas familias.
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