Cuba ha comenzado a liberar prisioneros en una amnistía sin precedentes que abarca a más de 2.000 reclusos, la mayor anunciada en una década, en medio de tensiones y negociaciones con Estados Unidos.
Los primeros desalojos se produjeron apenas unas horas después del anuncio oficial del gobierno cubano, que presentó la medida como un gesto "soberano y humanitario". Esta decisión se produce en medio de la presión del gobierno presidencial. Donald Trump alcanzó un nivel no visto en décadas.
Washington ha indicado que está siguiendo de cerca el proceso, en particular para verificar si entre los liberados se encuentran presos considerados políticos. Este asunto sigue siendo un importante punto de fricción entre ambos países.
Las autoridades cubanas siempre han negado tener presos políticos, pero Estados Unidos y varias organizaciones de derechos humanos afirman lo contrario y exigen su liberación.
Según funcionarios estadounidenses, aún no se sabe con certeza cuántos presos políticos se beneficiarán de esta amnistía. Washington exige la liberación inmediata de quienes considera injustamente encarcelados.
Esta oleada de liberaciones podría constituir un gesto significativo en las negociaciones en curso entre La Habana y Washington. Una liberación masiva de presos políticos sería vista como una importante concesión por parte del gobierno cubano.
En un contexto de relaciones históricamente tensas, esta amnistía podría marcar un punto de inflexión diplomático, si bien seguirá siendo objeto de una estrecha vigilancia por parte de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos.
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