Las operaciones de demolición israelíes continúan a gran escala en la Cisjordania ocupada, donde la maquinaria de construcción y las excavadoras israelíes han destruido recientemente más estructuras palestinas. Según fuentes locales, la ciudad de Bartaa, situada al suroeste de Jenin, se ve particularmente afectada por estas operaciones.
En la zona, se están demoliendo edificios e instalaciones pertenecientes a palestinos como parte de proyectos de construcción de infraestructuras y carreteras. Las mismas fuentes afirman que estas demoliciones van acompañadas de confiscaciones de tierras y el arranque de olivos en varias localidades de Cisjordania. El 8 de junio, ya se habían destruido una veintena de viviendas en esta misma ciudad.
En otro incidente, el ejército israelí demolió una vivienda palestina, dejando a cinco personas sin hogar. Las autoridades israelíes suelen justificar estas demoliciones alegando que los edificios en cuestión fueron construidos sin permisos en zonas bajo su control administrativo.
Las demoliciones han provocado reacciones en la propia sociedad israelí. El exministro de Defensa y jefe del Estado Mayor, Moshe Ya'alon, declaró en una entrevista con el diario israelí Yedioth Ahronot que lo que presenció durante una reciente visita a Cisjordania le impactó profundamente. Afirmó que los acontecimientos que allí se desarrollan quedarán como un episodio vergonzoso en la historia del país.
Según Moshe Ya'alon, la violencia perpetrada contra los palestinos forma parte de un fenómeno "organizado y sistemático". Asimismo, afirmó que los autores de algunos ataques contra palestinos suelen eludir la justicia, a pesar de las acusaciones en su contra.
Según fuentes oficiales palestinas citadas en el informe, al menos 1.155 palestinos han muerto, aproximadamente 11.750 han resultado heridos y más de 22.000 han sido arrestados en Cisjordania desde octubre de 2023 en operaciones atribuidas al ejército israelí o a civiles israelíes residentes en los territorios ocupados. Las autoridades palestinas también informan de un aumento de las redadas, los arrestos y la violencia desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza.
Cisjordania permanece dividida en zonas administrativas, tal como lo establecieron los Acuerdos de Oslo de 1995. La Zona C, que comprende aproximadamente el 61% del territorio, sigue bajo control administrativo y de seguridad israelí. Organizaciones palestinas y diversos grupos de derechos humanos denuncian con frecuencia las restricciones impuestas a la construcción en esta zona, argumentando que dificultan enormemente la obtención de permisos para los residentes palestinos.
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