El caso Grasset ha llegado al Parlamento. El miércoles 10 de junio, la cámara alta examinó un proyecto de ley multipartidista sobre las relaciones entre autores y editores, presentado por las senadoras Laure Darcos (Horizontes) y Sylvie Robert (Partido Socialista). En el centro del debate se encuentra la demanda, extendida en el mundo editorial desde el polémico despido de Olivier Nora como director de Grasset, de una cláusula de conciencia que permita a los autores rescindir sus contratos en determinadas circunstancias, similar a la que se aplica a los periodistas. El despido de Nora se atribuye a Vincent Bolloré, principal accionista de Hachette, la empresa matriz de Grasset y líder del sector. Si bien el proyecto de ley fue aprobado en sus líneas generales, esta enmienda clave fue rechazada.
Una "cláusula de confianza" apoyada por el ministro, rechazada por los senadores de derecha.
La enmienda presentada por la senadora Sylvie Robert estipulaba que un autor podía rescindir su contrato en caso de un cambio en la política editorial o la llegada de un nuevo accionista mayoritario, siempre que estos acontecimientos "perjudicaran sus intereses morales" o "pusieran en grave peligro sus intereses financieros". "El poder legislativo tiene el deber de actuar para proteger a los autores en casos extremos, sin desestabilizar la economía del contrato editorial", argumentó la senadora, según Le Monde. La ministra de Cultura, Catherine Pégard, si bien pidió "gran cautela, sin ceder a la impaciencia de los acontecimientos actuales", se mostró favorable a la enmienda, valorando su redacción "estrictamente controlada" y reiterando que la rescisión seguiría sujeta "a la discreción de un juez". Sin embargo, los partidos de derecha y centro rechazaron la propuesta. "Esta enmienda altera el equilibrio esencial del contrato editorial", expresó Max Brisson (LR), denunciando, según Le Monde, una "respuesta mediática". Varios senadores, no obstante, indicaron que la medida podría volver a presentarse durante el examen del texto en la Asamblea Nacional.
Derechos mínimos garantizados, rendiciones más frecuentes: medidas adoptadas sin resistencia.
Por otro lado, el proyecto de ley fue aprobado sin dificultad. Entre los avances concretos se incluye el establecimiento de un pago mínimo garantizado de regalías legales, que la editorial debe abonar a más tardar al momento de la entrega del manuscrito final, para «poner fin a situaciones en las que el autor tenía que esperar a las primeras ventas para recibir sus regalías iniciales», según especifica el texto. También se incrementará la frecuencia de los «reembolsos» —el informe de ventas que activa el pago de regalías— y el plazo de pago, una vez presentado dicho informe, se reducirá de seis a tres meses. Finalmente, la remuneración del autor se calculará sistemáticamente en función del precio de venta al público, eliminando los métodos de cálculo alternativos considerados «más opacos» por el Senado.
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