El Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (RCDE UE), piedra angular de la política climática de la UE, se enfrenta a crecientes críticas. Diversos sectores y Estados miembros creen que el coste del carbono está lastrando la competitividad de la economía europea, ya debilitada por la competencia internacional y las tensiones energéticas derivadas de la guerra en Oriente Medio.
Establecido en 2005, este mecanismo exige que las industrias más contaminantes adquieran derechos de emisión para cubrir sus emisiones. El precio de una tonelada de CO₂ ronda actualmente los 70 euros, mientras que la cantidad de derechos disponibles disminuye gradualmente para fomentar la reducción de emisiones.
Creciente presión política
Algunos países, en particular Polonia y la República Checa, llevan tiempo pidiendo una reforma del sistema. Recientemente se les ha unido Italia, que propone suspender el mercado de carbono para reformarlo por completo. Varios industriales también piden un límite al precio del CO₂ y que los derechos de emisión gratuitos se extiendan más allá de 2034.
Ante estas críticas, otros Estados, como España y los países escandinavos, defienden este mecanismo como una herramienta fundamental para la transición energética. La Comisión Europea presentará una revisión del sistema en 2026, pero sin cuestionar sus principios fundamentales, al tiempo que busca soluciones para limitar el impacto de los costes energéticos en la economía europea.
