El Senado aprobó el martes el proyecto de ley de reforma de la justicia penal, impulsado por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, con 219 votos a favor y 111 en contra. Esta legislación busca, en particular, agilizar la tramitación de los casos penales ante la grave acumulación de expedientes judiciales, con miles de casos pendientes.
La medida principal consiste en introducir un procedimiento de negociación de penas para ciertos delitos tipificados. Este sistema, bajo ciertas condiciones, reduciría las demoras en los juicios y agilizaría las audiencias a cambio de una reducción de la condena. Requerirá el acuerdo del acusado, la fiscalía y la ausencia de objeción alguna por parte de la víctima.
Una reforma cuestionada por algunos miembros del sistema judicial.
Varias organizaciones de abogados y funcionarios electos de izquierda expresaron reservas, argumentando que este procedimiento podría socavar las garantías de los juicios penales. Sin embargo, los senadores excluyeron de este mecanismo ciertos delitos, en particular los más graves o aquellos que involucran a menores.
El proyecto de ley debe ahora ser examinado por la Asamblea Nacional, donde su aprobación se presenta más incierta debido a la falta de una clara mayoría para el gobierno. El proyecto también incluye otras disposiciones, como la ampliación de ciertas técnicas de investigación y ajustes en la organización de los tribunales penales.
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