Treinta mil millones de euros, incluyendo 10 mil millones de fondos públicos europeos y nacionales y 20 mil millones de inversores privados: este es el presupuesto que la Comisión Europea pretende movilizar para financiar siete infraestructuras informáticas masivas dedicadas a la IA. Estas gigafábricas producirán procesadores avanzados, software, tecnologías en la nube y centros de datos de alta eficiencia energética.
La recaudación y distribución de fondos correrá a cargo de la Empresa Común EuroHPC (EuroHPC JU), creada en 2020 para desarrollar un ecosistema europeo de supercomputación. Los consorcios y vehículos ad hoc formados por proveedores de tecnología, entidades públicas e inversores pueden presentar sus solicitudes hasta el 12 de noviembre. La Comisión prevé comenzar a distribuir los fondos a principios de 2027, de modo que los proyectos puedan iniciarse inmediatamente después.
Según la Comisión Europea, los fabricantes de chips AMD, Nvidia y Qualcomm han firmado cartas de intención para suministrar componentes a los grupos que participan en los proyectos. Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, calificó el anuncio de "hito" y añadió que "el acceso a la potencia de cálculo de las gigafábricas de IA es una necesidad estratégica para Europa".
La situación es urgente. La UE opera actualmente 19 centros de datos repartidos entre España y Finlandia, pero sigue dependiendo en gran medida de proveedores extranjeros. Un informe reciente de la Comisión, presentado al Parlamento Europeo, advirtió que, de no cambiar de rumbo, «las empresas y las autoridades públicas europeas seguirán dependiendo de proveedores estadounidenses de IA, en detrimento de los proveedores europeos». El mismo documento destacó los riesgos asociados a la exposición de datos al acceso externo y las amenazas a la continuidad del servicio.
La presión geopolítica refuerza esta observación. Donald Trump La UE ha demostrado claramente su disposición a utilizar su influencia económica para regular las empresas tecnológicas estadounidenses en Europa, mientras que China ha restringido sus exportaciones de minerales esenciales para el sector. La UE aspira a triplicar su capacidad de centros de datos en un plazo de cinco a siete años, pero se enfrenta a una desventaja estructural: los costes energéticos son significativamente más elevados que en Estados Unidos o China.
El proyecto también suscita inquietud entre la ciudadanía europea. Más allá del temor a la pérdida de empleos, la construcción de vastas infraestructuras digitales se enfrenta a críticas medioambientales relacionadas con su elevado consumo de agua y electricidad, así como con la contaminación acústica que generan. La Comisión ha intentado tranquilizar a la ciudadanía prometiendo que las nuevas instalaciones se desarrollarán y operarán de conformidad con las normas europeas de protección de datos, seguridad y ética, haciendo referencia específica a la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales.
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