España anunció el viernes la introducción de controles temporales en sus puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia, en respuesta a la suspensión por parte de Roma del acuerdo de Schengen tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Los controles comenzaron a medianoche del sábado y continuarán hasta el 7 de septiembre, según informó el Ministerio del Interior español. Esta medida responde directamente a la decisión de Italia, tomada el 31 de julio, de suspender la libre circulación de nacionales de terceros países procedentes de España, después de que 72.000 migrantes cruzaran la frontera marroquí-española en una semana para llegar al enclave de Ceuta.
Roma ha descartado cualquier posibilidad de dar marcha atrás. El gobierno de Giorgia Meloni declaró el viernes que "bajo ninguna circunstancia tiene intención de revocar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto". La primera ministra justificó esta "medida extraordinaria" por la necesidad de "salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones" para Italia, al tiempo que describió a España como un "país amigo".
Madrid calificó la medida italiana de «injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria contra la población española», advirtiendo contra «la creación de divisiones y conflictos estériles impulsados por motivos electorales internos». El gobierno español afirmó tener «confianza en que el sentimiento proeuropeo, el sentido común y la buena fe prevalecerán».
La crisis de Ceuta ha exacerbado las tensiones migratorias en la Unión Europea. Giorgia Meloni figura entre los líderes que han pedido la suspensión de España del espacio Schengen, una decisión legalmente imposible. Italia, por su parte, se enfrenta a una afluencia masiva de migrantes a través del Mediterráneo central, una ruta que la Organización Internacional para las Migraciones describe como la más peligrosa del mundo.
De los 72.000 migrantes que llegaron a Ceuta, 70.000 han regresado a Marruecos, según cifras oficiales españolas. Quienes permanecen allí, entre ellos cientos de menores no acompañados, se enfrentan a condiciones precarias: acceso extremadamente limitado a alimentos, agua, alojamiento y saneamiento. Organizaciones marroquíes de derechos humanos estimaron el viernes que al menos 141 personas murieron la semana anterior intentando llegar al enclave, una cifra que podría aumentar.
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