El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el jueves que la ley española que concedió amnistía a los participantes en el referéndum catalán de 2017 no infringía el derecho europeo. Esta decisión refuerza la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya permanencia en el poder dependía de esta legislación.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en 2024 en beneficio de los miembros del movimiento independentista catalán es compatible con el Derecho de la UE. El juez Koen Lenaerts aclaró que «la ley de amnistía española se refiere a un ámbito que entra dentro de la competencia de los Estados miembros», eliminando así cualquier obligación para Madrid de someterse a la evaluación de las autoridades de Bruselas.
El tribunal también dictaminó que «no se opone a una ley que, para reducir las tensiones institucionales y políticas y facilitar un proceso de reconciliación, prevé la extinción de la responsabilidad penal». El Tribunal Constitucional español también había aprobado el texto.
Esta ley provocó fuertes protestas en España tras su aprobación. Permitió a Pedro Sánchez formar un gobierno en minoría con el apoyo de los partidos nacionalistas catalanes y vascos después de las elecciones de 2023. El Partido Popular (PP), el partido más grande del Parlamento pero relegado a la oposición, la denunció como una amnistía concedida a lo que consideraba un intento de sedición, incluso si se llevaba a cabo por medios pacíficos.
El ministro de Justicia español, Félix Bolaños, declaró el jueves en un discurso televisado que ya no cabía duda de que la legislación cumplía con la legislación europea. A pesar del fuerte rechazo de un sector de la población en su momento, afirmó que "mereció la pena", y añadió que "nadie, ni siquiera sus más acérrimos críticos, querría renunciar a sus beneficios".
En el referéndum de octubre de 2017, el 92% de los votantes se decantó por la independencia, pero la participación fue de tan solo el 43% de los votantes inscritos. Los tribunales españoles declararon ilegal la votación e intentaron impedirla deteniendo a funcionarios electos y confiscando el material electoral.
La amnistía abarca los actos considerados «terroristas» relacionados con el movimiento secesionista, siempre que no fueran violentos ni vulneraran los derechos fundamentales. Sin embargo, no se aplica a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, quien reside en un exilio autoimpuesto en Bélgica. Se enfrenta a una acusación aparte por malversación de fondos, que queda fuera del ámbito de la amnistía. Se espera que el Tribunal Constitucional español se pronuncie en los próximos meses sobre si extender la amnistía a este caso.
Las encuestas indican que el apoyo a la independencia ha disminuido ligeramente en Cataluña desde 2017. Las elecciones generales están previstas en España para 2027.
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