Las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron este fin de semana a casi 300 migrantes subsaharianos durante un intento de entrar en el enclave español de Ceuta, dos semanas después de una crisis migratoria mortal que dejó al menos 90 muertos.
Dos semanas después de una de las peores crisis migratorias que ha vivido la región, la presión sigue siendo alta en los alrededores de Ceuta. La cadena pública marroquí Medi 1 anunció el sábado la detención de 294 migrantes procedentes del África subsahariana que intentaban llegar al enclave español por tierra y mar. Sesenta y un ciudadanos marroquíes, sospechosos de facilitar estos intentos, también fueron detenidos.
Esta nueva oleada de detenciones se produce en medio de un importante refuerzo de la seguridad. Un alto diplomático marroquí indicó que más de 20.000 miembros de las fuerzas de seguridad se despliegan diariamente a lo largo de la frontera con Ceuta, con un coste que asciende a cientos de millones de dólares.
A mediados de agosto, más de 72.000 personas habían intentado llegar a Ceuta en respuesta a un llamamiento que se viralizó en las redes sociales, impulsado por la pobreza y la desinformación. Según cifras oficiales, al menos 90 personas han muerto a ambos lados de la frontera, una cifra que las organizaciones de derechos humanos consideran inferior a la real.
Entre 5.000 y 8.000 migrantes permanecen en el enclave tras esta travesía masiva. La mayoría sobrevive en condiciones precarias en la playa de Trampolín o en las afueras de la ciudad, a la espera de una oportunidad para llegar a Europa continental. «Dormimos cerca del mar, con el frío y los malos olores. Estamos sufriendo mucho», declaró Ayoub Elarroud, de Tetuán, quien añadió que la policía les impide el acceso al centro de la ciudad.
El domingo, cientos de estos migrantes se manifestaron en una concurrida playa urbana, ondeando banderas españolas y pancartas con los lemas "No queremos volver a Marruecos" y "Nosotros también somos seres humanos". Sus consignas exigían una solución y denunciaban su agotamiento.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, fue categórico a principios de esta semana: los migrantes que entraron irregularmente no podrán permanecer en el enclave, ni se les permitirá llegar a la España peninsular, ni se les otorgará estatus legal, salvo en casos excepcionales de extrema vulnerabilidad. Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles situados en la costa norte de Marruecos, han sido durante años puntos de tránsito codiciados por miles de personas que huyen de conflictos, pobreza e inestabilidad en África.
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