Una coalición de 25 estados, casi exclusivamente demócratas, presentó el lunes una demanda contra los aranceles que entraron en vigor el 24 de julio, acusando a la Casa Blanca de hacer un uso indebido de una ley federal de 1974 para eludir un fallo de la Corte Suprema.
Esta es la tercera acción legal de este tipo desde el regreso de Donald Trump En la Casa Blanca, el fiscal general de California, Rob Bonta, lo declaró sin rodeos: "Esta es la tercera vez que el presidente Trump intenta imponer ilegalmente aranceles que aumentan el costo de vida para las familias y las pequeñas empresas estadounidenses, y la tercera vez que demandamos al gobierno por abuso de poder".
Los aranceles en cuestión, que oscilan entre el 10 % y el 12,5 % según el país, entraron en vigor el 24 de julio. Sustituyeron a las medidas temporales adoptadas en febrero, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de los aranceles impuestos por Trump tras su regreso al poder. Aproximadamente sesenta países, además de la Unión Europea, se ven afectados, lo que representa casi el 99 % de las importaciones estadounidenses. A diferencia de los aranceles iniciales, estos se aplican únicamente a una selección de productos en cada país.
Para justificar los aranceles, la Casa Blanca citó una ley federal de 1974, tras una investigación de 150 días, la misma duración de los aranceles temporales. La investigación tenía como objetivo determinar si los países en cuestión combatían eficazmente la presencia de productos elaborados con trabajo forzoso en sus cadenas de suministro. Los países cuya legislación se consideró insuficiente fueron gravados con un arancel del 10%, mientras que aquellos acusados de no tener prohibiciones fueron sometidos a un arancel del 12,5%.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, presentó estas medidas como una forma de "alentar a los socios comerciales a unirse a Estados Unidos en la eliminación del trabajo forzoso de la cadena de suministro global". Por su parte, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que Washington estaba utilizando "su autoridad legal para eliminar políticas, acciones y prácticas irrazonables que perjudican el comercio estadounidense".
Los 25 estados demandantes, 23 de ellos gobernados por demócratas y dos, Nevada y Vermont, por republicanos, impugnan esta interpretación. Según su demanda, revisada por AFP, la investigación fue simplemente un pretexto para restablecer los aranceles suspendidos en febrero. Señalan, en particular, la ausencia de cualquier mecanismo que permita a los países sancionados obtener la eliminación de los recargos si cesan las prácticas en cuestión, lo cual contradice la letra misma de la ley invocada.
Los demandantes también se basan en declaraciones del propio Greer: cuando se anunciaron los procedimientos, "no se mencionó el trabajo forzoso", enfatizan. Según se informa, la USTR declaró, por el contrario, que la investigación se llevaría a cabo de manera que "garantizara la continuidad" con los aranceles anteriores. La fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, denunció la medida como un intento de "llegar a una conclusión inevitable para imponer aranceles similares a los" que habían sido anulados.
Los aranceles son uno de los pilares centrales de la política económica de Donald Trump, que él considera una palanca para alentar a las empresas a reubicar su producción, proteger ciertos sectores industriales y financiar recortes de impuestos.
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