El gobierno sueco ha presentado un proyecto de ley destinado a reforzar su política de inmigración, exigiendo a los extranjeros llevar una vida íntegra bajo pena de deportación. De aprobarse, esta reforma facilitaría la revocación de los permisos de residencia por conductas consideradas contrarias a las normas del país.
Las autoridades citan varias situaciones como factores contribuyentes, tales como el impago de deudas o multas, el trabajo no declarado, el fraude a la seguridad social y el incumplimiento de resoluciones administrativas. La legislación también contempla sanciones por mentir en las solicitudes de permiso de residencia o si una persona es considerada una amenaza.
Un texto criticado por su vaguedad.
Esta reforma, respaldada por la mayoría y los Demócratas de Suecia, forma parte de un endurecimiento más amplio de la política migratoria iniciado en 2022. El gobierno insiste en la necesidad de exigir responsabilidades a los beneficiarios del derecho de residencia y de preservar el orden público.
Sin embargo, el proyecto ha suscitado fuertes críticas, sobre todo por parte de organizaciones de derechos humanos. Estas denuncian que el concepto de "vida digna" es demasiado vago, lo que podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias y generar desigualdades entre los ciudadanos suecos y los extranjeros.
Si el Parlamento aprueba el texto, las nuevas disposiciones podrían entrar en vigor el 13 de julio.
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