Se espera que la Unión Europea alcance este miércoles un punto de inflexión decisivo en su gestión de los flujos migratorios. Los 27 Estados miembros se preparan para aprobar una reforma integral que autoriza la creación de centros de acogida para migrantes fuera del territorio europeo. Esta decisión divide a las capitales: algunos Estados miembros desean acelerar los retornos sin demora, mientras que otros tienen reservas sobre la viabilidad y las implicaciones legales de dicho sistema.
El modelo albanés como laboratorio
El modelo italiano en Albania, impulsado por la primera ministra Giorgia Meloni, sirve de referencia. Este centro piloto albergaba a unas 90 personas a principios de año, según las autoridades italianas. La experiencia ha avivado el debate en Bruselas, donde varios gobiernos ven esta externalización como una herramienta para recuperar el control de las llegadas irregulares y aliviar la presión sobre las fronteras exteriores de la UE.
La reforma marca un punto de inflexión en la política común de asilo e inmigración. Abre la posibilidad de que los Estados miembros celebren acuerdos bilaterales con terceros países para establecer allí centros de tramitación de solicitudes de asilo. Quienes apoyan el texto lo consideran una respuesta pragmática a los desafíos migratorios, mientras que los críticos temen un debilitamiento de las obligaciones europeas en materia de derecho de asilo y protección de las personas vulnerables.
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