El gobierno acaba de retirar el proyecto de ley sobre la prestación social única del orden del día del Consejo de Estado. Esta reforma, anunciada por el primer ministro Sébastien Lecornu el otoño pasado, tenía como objetivo fusionar varias prestaciones existentes, como la RSA (subsidio de ingresos), las ayudas a la vivienda (APL) y la bonificación por actividad, en un sistema unificado. Inicialmente, la presentación del proyecto de ley estaba prevista para diciembre de 2025, pero la oficina del primer ministro ha decidido finalmente suspender el proceso. Esto supone otro revés para este proyecto, de particular importancia para la derecha.
Se suspendió una fusión de prestaciones sociales.
El proyecto tenía como objetivo simplificar el acceso a las prestaciones sociales y reducir la falta de solicitud de ayuda, a la vez que optimizaba el gasto público. El objetivo declarado era facilitar el proceso de solicitud para los beneficiarios mediante la consolidación de varias prestaciones en un único portal. Sin embargo, en los últimos meses han surgido cada vez más dudas sobre la viabilidad técnica y las consecuencias financieras para los beneficiarios. Algunos observadores temían que la fusión de las prestaciones provocara pérdidas de ingresos para algunos beneficiarios actuales.
Un horario que se ha vuelto insostenible
Esta retirada supone un nuevo aplazamiento de una reforma prometida desde hace meses. El calendario inicial ya parecía precario dada la complejidad administrativa y la resistencia política. Asociaciones y expertos cuestionaron la capacidad del gobierno para cumplir sus compromisos en un plazo tan ajustado. Sin una nueva fecha anunciada, el futuro de la prestación social única sigue siendo incierto.
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