Las principales organizaciones empresariales de Francia se manifiestan en contra de la decisión del gobierno de congelar las reducciones de las cotizaciones a la seguridad social, a pesar del aumento automático del 2,4% del salario mínimo (SMIC) previsto para el 1 de junio. En un artículo de opinión publicado este domingo, denuncian una medida que penalizaría especialmente a las empresas con un elevado número de empleados que perciben el salario mínimo.
Firmada, entre otros, por los presidentes de Medef, CPME, U2P, FNSEA, UDES y FESAC, esta declaración critica una decisión tomada, según ellos, sin consulta previa con representantes del sector empresarial. Las organizaciones empresariales lamentan no haberse reunido con el gobierno antes del anuncio de esta medida.
El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, confirmó la semana pasada que el presupuesto destinado a las exenciones del impuesto sobre la nómina para los salarios bajos se mantendría sin cambios a pesar del aumento del salario mínimo. El gobierno justifica esta decisión por la necesidad de lograr ahorros de varios miles de millones de euros en un contexto presupuestario marcado por las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.
Se denuncia un aumento en los costos laborales.
Para las organizaciones empresariales, esta decisión equivale a obligar a las empresas a asumir un aumento de los costes laborales sin compensación. Consideran que los empleadores tendrán que absorber simultáneamente el aumento del salario mínimo y la reducción automática de las prestaciones vinculada a las bajadas de impuestos sobre la nómina.
Representantes empresariales señalan que esta medida llega en un momento en que la tasa de desempleo ha superado el 8% y varios sectores económicos siguen siendo frágiles. La describen como una "señal preocupante" que probablemente afectará al empleo y la inversión en muchas regiones.
Piden la reanudación del diálogo.
Los firmantes de la carta abierta consideran que esta congelación es el cuarto recorte en las cotizaciones a la seguridad social en tres años. Consideran que esta medida es contraproducente para la competitividad de las empresas francesas y temen consecuencias para los sectores que emplean a trabajadores poco cualificados.
Ante esta situación, los empresarios instan al gobierno a reanudar el diálogo e iniciar conversaciones sobre la financiación de la protección social. Diversas organizaciones profesionales, entre ellas el Sindicato de Hosteleros y Restaurantes, también han solicitado que se inicien debates para evaluar el impacto de esta medida en la actividad económica y el empleo.
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