Seis años después del linchamiento de Akua Denteh, acusada de brujería en su aldea de Ghana, aún no se ha promulgado ninguna ley que penalice estas prácticas. Defensores de los derechos humanos denuncian un persistente vacío legal que sigue poniendo en peligro a las mujeres.
En 2019, Akua Denteh fue asesinada a golpes por una turba tras ser acusada de brujería. Seis años después, su caso sigue siendo un doloroso símbolo de la impunidad que rodea este tipo de violencia en Ghana. El Parlamento aprobó una ley en 2023, pero nunca se promulgó. Como resultado, las acusaciones de brujería, que afectan principalmente a mujeres mayores, continúan propagándose sin un marco legal que las castigue.
Habibatou Gologo, subdirectora regional de campañas de la oficina de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, pone de relieve este bloqueo institucional. Entre la aprobación de un proyecto de ley parlamentario y su entrada en vigor, las mujeres huyen de sus aldeas, se refugian en campamentos improvisados y viven con el temor a represalias. Estas son las situaciones que las organizaciones de derechos humanos documentan y denuncian.
La incógnita del estancamiento legislativo persiste. ¿Por qué el texto de 2023 no se convirtió en ley vinculante? Las respuestas apuntan a una combinación de resistencia cultural, presión social y dilaciones políticas. Mientras tanto, las mujeres obligadas al exilio interno no reciben protección formal del Estado.
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